La Consejería ha defendido que, tan pronto como la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (Dgaia) detectó en 2015 una situación de riesgo en un menor, informó "inmediatamente" a los Mossos d'Esquadra y colaboró en la investigación, pero ha rechazado dar más detalles del caso y explicar cuantos niños tutelados hubo implicados.
Los acusados utilizaban en las grabaciones a menores que se encontraban en situación de riesgo marginal en Barcelona, Tortosa (Tarragona), Valencia y Marruecos, y los agentes detectaron 28 dominios desde los que se estaba distribuyendo pornografía infantil, más de un millón de fotografías y vídeos con menores y más de 1.000 DVD's.