Así, en el documento 'Si tienes un hijo con sordera, conoce tus derechos', FIAPAS indica la necesidad de una información clara, accesible y objetiva; orientación y formación; apoyo emocional y acompañamiento profesional cualificado; ayudas económicas; inclusión en las políticas públicas y la libre elección de la lengua materna y la lengua vehicular de enseñanza y modelo educativo.
Además, en el escrito, FIAPAS determina que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva y de calidad a lo largo de todas las etapas educativas, incluyendo la educación superior, la formación profesional y la educación a lo largo de la vida.
Asimismo, la asociación considera que este colectivo tiene derecho a medidas de apoyo personalizadas, a una pronta detección e intervención para reducir la aparición de nuevas discapacidades, habilitación y rehabilitación temprana, formación inicial y continua para los profesionales que les ayudan, disponibilidad, acceso a material cultural y actividades accesibles y acceso a actividades lúdicas y recreativas.
Como indica la asociación, el manifiesto quiere ser una "llamada de atención" para que los poderes públicos, las Administraciones, los operadores jurídicos y la sociedad en general, establezcan las garantías necesarias que permitan a las familias velar por los derechos de sus hijos sordos y adoptar las oportunas decisiones al respecto.
En el marco de los actos desarrollados con motivo de este Día Internacional, FIAPAS presentará este jueves, 22 de septiembre, una campaña de sensibilización, promovida por la propia Confederación y en colaboración con la plataforma social Comprometidos, con el objetivo de demandar el papel activo de todos los agentes implicados tanto en el proceso diagnóstico, como en el apoyo a las familias.
Según la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia del INE, más de un millón de personas en España tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Asimismo, cinco de cada mil recién nacidos presenta una sordera de distinto tipo y grado, siendo su familia el principal agente que defiende los derechos del menor y demanda el acceso a los recursos necesarios para que estos queden garantizados.