Estas recomendaciones, formuladas por la Comisión de Peticiones, se producen tras la visita a Madrid de eurodiputados el pasado mes de mayo para investigar una serie de peticiones sobre bebés supuestamente sustraídos al nacer por parte de personal hospitalario en diversos puntos del país. El informe de la misión y las recomendaciones han sido aprobados por 20 votos a favor y 9 en contra, y el texto será enviado al presidente de la Cámara.
Así, en cuanto a la creación de un banco público de AND, la Comisión Europea precisa que los test de AND deberán ser gratuitos y no requerir una orden judicial o de la fiscalía. Los eurodiputados también instan a la Fiscalía a investigar las denuncias en detalle y recomiendan el nombramiento de un fiscal especial para esta tarea, así como un grupo de jueces para investigaciones 'ad hoc'. Piden asimismo la unificación de criterios en los procedimientos judiciales para evitar que los delitos no puedan ser juzgados por haber prescrito.
Además, reclaman a Gobierno e Iglesia facilitar el acceso a los documentos del registro civil, los registros de nacimiento de los hospitales y de las parroquias y congregaciones religiosas. Los eurodiputados animan a las autoridades eclesiásticas a reconocer "su posible implicación en la sustracción de bebés y adopciones ilegales" y a disculparse ante las víctimas.
Por otro lado, los eurodiputados han solicitado un incremento de los fondos para la oficina de apoyo a las víctimas creada por el Ministerio de Justicia y el reconocimiento, bajo un estatuto especial de víctimas, tanto de los padres como de hijos secuestrados, "incluida la posibilidad de compensación estatal".
La comisión de Peticiones también recomienda la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer si los robos de bebés fueron casos aislados o si hubo una trama organizada.
"PASO IMPORTANTE"
La jefa de la delegación, Jude Kirton-Darling, ha asegurado que "este informe es un paso importante en el proceso de dar respuestas a los afectados por el escándalo" y ha recordado que durante la visita obtuvieron información "de las autoridades, la Iglesia, los peticionarios y otros encargados de las investigaciones sobre robo de bebés y adopciones ilegales durante la dictadura y el inicio de la democracia".
"El Gobierno español debe seguir nuestras recomendaciones y tomar la iniciativa para investigar qué sucedió, y quiénes fueron responsables. Confío en que nuestro informe sirva de ayuda para los peticionarios, quienes han mostrado un coraje y fortaleza extraordinarios", ha apostillado.
El Grupo Popular Europeo ha anunciado que adjuntará al informe una opinión particular, en virtud de la regla 52 del Reglamento del PE. En este sentido, la eurodiputada del PP y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, Rosa Estarás, ha señalado que el PP "apoya todas las acciones para ayudar a las víctimas de robos de bebes registrados en España en las ultimas décadas y para clarificar lo ocurrido", pero ha rechazado que el informe aprobado mencionara responsables políticos "porque no existen pruebas para ello".
"El Parlamento Europeo no es un órgano judicial, la labor de la Comisión de Peticiones no es juzgar sino dar voz a los ciudadanos y colaborar en la resolución de sus problemas", ha asegurado, al tiempo que ha subrayado que "el PP ha apoyado y apoyará a las víctimas y a la resolución de los casos de bebes robados respaldando al mismo tiempo los esfuerzos desarrollados al respecto por las diferentes autoridades".