Así consta en el dictamen, emitido el pasado 17 de enero, donde el Consejo de Estado considera, además, que la medida, ya recurrida ante el Tribunal Constitucional vulnera "las normas básicas del Estado recogidas" en los artículos 2, 7, 8 y 23 de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (LSNS).