Asimismo, el documento también concluye que el 80% de la población y el 92% del territorio han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Además, el informe apunta que tanto el Gobierno central, como doce comunidades autónomas, incumplen la ley al no elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en las zonas más afectadas.
La coyuntura meteorológica, el cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables, son algunas de las causas que la organización señala como un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía o a los cultivos y espacios naturales.
El informe sobre ozono, que Ecologistas en Acción presenta este año por primera vez, analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2016.
Así, entre otras conclusiones, el documento indica que el ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2016, la ONG apunta que, a pesar de la crisis económica, sus niveles se han mantenido en general estacionarios, con alzas y descensos según los territorios.
El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 10,2 millones de personas, un 22% del total, 0,7 millones de afectados menos que en 2015 pero 3 millones más respecto a 2013 y 2014. Es decir, uno de cada cinco españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal vigente para el ozono.
La organización subraya en su estudio que "la contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden". De acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el documento recuerda que cada año se registran 1.800 muertes prematuras en España por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2016. Las personas más afectadas son los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas, según la ONG.
El informe también recoge que los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
INFORMACIÓN NO ADECUADA DEL PROBLEMA
Ecologistas en Acción considera que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas "no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema" y que, transcurridas dos décadas desde la entrada en vigor de la primera normativa sobre contaminación por ozono, todavía en 2016 han sido varias las comunidades autónomas (Junta de Extremadura, Xunta de Galicia y Gobierno Vasco) que no han avisado a la población de la superación del denominado "umbral de información".
Así, recuerdan que los planes de mejora de la calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación vigente. Pero una docena de comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco) "siguen sin elaborarlos, lo que ha motivado la presentación en julio de una denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea, que se suma a los procedimientos en ella abiertos por el incumplimiento de los valores límite de partículas y dióxido de nitrógeno", según indica la organización.
El documento indica que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Asimismo, considera que es "necesario" además dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón.
Por último, la organización apunta en su informe que "la insuficiente información disponible en la actualidad sobre este contaminante no puede servir de coartada política para no actuar sobre unas fuentes de precursores perfectamente conocidas, mediante los instrumentos legalmente previstos".