España y Marruecos reabren el paso fronterizo peatonal de Ceuta para porteadores tras un mes y medio de cierre patronal

EUROPA PRESS 07/11/2017 21:44

La Delegación del Gobierno ha informado este martes en una nota a los medios de que ha dado su visto bueno al Plan de Seguridad que le han presentado con varios meses de retraso los dueños de los negocios instalados en una fase de esos polígonos, que han asumido la contratación de vigilantes privados y la designación de un coordinador para velar por el desarrollo de la actividad comercial en su interior sin incidentes.

Dicha autorización contempla la apertura de otro punto de acceso "en horarios no coincidentes con el 'Tarajal II' y siempre y cuando la seguridad privada "garantice que la salida de personas por él se circunscriba a quienes transporten mercancías en el 'régimen de viajeros' contemplado en la normativa aduanera".

El tránsito de porteadores con bultos de mayor tamaño quedará, por tanto, limitado al otro paso fronterizo inaugurado en febrero, por el que únicamente pueden volver a Marruecos quienes también han accedido por él y no a través de la frontera ordinaria.

Además, tras los fallecimientos de cuatro féminas marroquíes aplastadas en territorio del país vecino en distintas avalanchas registradas desde febrero, el acceso a la ciudad autónoma para retornar con mercancías a la espalda a Marruecos está permitido únicamente para las mujeres los lunes y miércoles y para los varones los martes y jueves.

El objetivo de todas estas medidas es, según h recordado la Delegación, "garantizar la seguridad, integridad física y libre circulación de las personas por el interior de los polígonos independientemente del tipo de mercancía que transporten los porteadores".

En paralelo, la Administración General del Estado ha incoado un expediente sancionador sobre los empresarios radicados en las otras tres fases de los polígonos que acogen a unas 200 naves por no atender el requerimiento dictado en abril para la elaboración de planes de seguridad. La instrucción propone una sanción de 100.000 euros a cada una de las comunidades de propietarios y/o la clausura de sus negocios durante seis meses y un día.