Así, López de Uralde ha destacado a Europa Press que en lo que va de 2017 se han contabilizado 53 incendios, una cifra que quintuplica el número de este tipo de fuegos de 2012. "No cerramos el diagnóstico por lo que pedimos a la Fiscalía que investigue si pudiera haber algún interés ilegal porque no creo que sea casual un aumento tan espectacular de casos de incendios en plantas de reciclaje y tratamiento de residuos", ha manifestado.
A su juicio, tras este progresivo aumento "tiene que haber una causa común" que pudiera pasar por la búsqueda del beneficio económico para hacer tratamiento de los residuos y por eso insta a la Fiscalía a investigarlo, al tiempo que acusa al Gobierno de "no ofrecer una explicación" y de eludir "cualquier responsabilidad" que adjudica a las comunidades autónomas según la respuesta ofrecida por el Ejecutivo a una pregunta parlamentaria planteada por el diputado de Equo.
La denuncia facilitada a Europa Press se basa en la "sorprendente" evolución ascendente del número de fuegos de este tipo. En concreto, apunta que en 2012 hubo diez siniestros de este tipo; en 2013 a 17; 12 en 2014; 18 en 2015; 32 en 2016 y 53 en lo que va de 2017.
Al mismo tiempo, el escrito al Ministerio Público recuerda que estos incendios que se producen en todo el territorio provocan emisiones contaminantes altamente tóxicas que pueden afectar a las poblaciones colindantes e inciden negativamente en la salud de sus habitantes así como en el medio ambiente.
En su opinión, este tipo de plantas deberían ser objeto de un sistema de control y vigilancia del que carecen en la actualidad y advierte de que detrás de algunos de estos fuegos podría esconderse un interés económico para deshacerse de los residuos "por la vía rápida sin darles el tratamiento adecuado".
En definitiva, solicita al Ministerio Fiscal que abra diligencias para esclarecer estos hechos y que ordene las investigaciones oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos, a su gravedad y a la "posible alarma social creada".
La denuncia será presentada en la Fiscalía por el diputado López de Uralde, la coordinadora de la red de cargos verdes de EQUO, Ana Álvarez y el diputado Equo en la Asamblea de Madrid, Alejandro Sánchez.