Fuentes presentes en la reunión mantenida en Valladolid hace dos semanas entre responsables autonómicos de Universidades y representantes del ministerio, han indicado este martes que los rectores son quienes tienen que convencer a Méndez de Vigo para que suspenda este curso la evaluación, aún por definir, y que, según el calendario de la LOMCE, tiene que aplicarse en 2017 para el acceso a la Universidad. "A las que más va a perjudicar esto es a las universidades", han advertido.
Las mismas fuentes han manifestado que todos los directores generales coinciden en que no hay tiempo para poner en marcha toda la maquinaria organizativa que suponen las nuevas pruebas, que implican más días que la Selectividad, más materias a examinar --de los dos cursos de Bachillerato, no solo de segundo como hasta ahora-- y tribunales de paritarios formados por docentes universitarios y de Secundaria.
Asimismo, han señalado que este modelo supone un coste económico mayor que la Selectividad y desconocen si se sufragará con el cobro de una tasa a los alumnos o si son las comunidades autónomas las que tienen que hacer frente a este gasto que, según han advertido, no tienen presupuestado.
Si el Ministerio de Educación finalmente mantiene el calendario de la ley, como ha indicado en todo momento, estas fuentes han subrayado que la mayoría de las administraciones educativas autonómicas están trabajando con sus universidades para "adaptar la maquinaria de la PAU a la nueva evaluación" para que las normas de admisión sean las mismas en todos sus centros. Asimismo, confían en que en unos meses converjan en un mismo sistema de admisión casi todas las universidades españolas.
Estas fuentes también han asegurado que responsables del departamento de Méndez de Vigo han trasladado a los directores generales reunidos en Valladolid que los alumnos que no quieran ir a la Universidad este curso no estarán obligados a hacer la prueba, ya que en este primer año la 'reválida' no será necesaria para la obtención del título de Bachillerato.