Según informa la institución, ha recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, ha pedido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si dicho riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.
El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que, a juicio del Defensor, podría alterar el resultado de la evaluación. Según los informes recibidos por la institución, las declaraciones de impacto no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero.
Por ello, considera necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión.
La Institución añade que mantiene una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz, que también sigue una actuación sobre diversos impactos en el espacio natural de Doñana. En el marco de dicha colaboración, el Defensor del Pueblo pedirá de oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que informe sobre las medidas que va a adoptar para frenar la sobreexplotación del acuífero.