Así lo ha subrayado la Institución en un comunicado, en el que ha reiterado su oposición a las "devoluciones automáticas" de inmigrantes, coincidiendo con el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que este martes 3 de octubre ha condenado a España por esta práctica contra dos personas en la valla de Melilla sin ser identificadas.
Según indica, en 2015 formuló recomendaciones a las administraciones competentes para la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para que la figura del rechazo en frontera que establecía la ley respetara la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la normativa internacional.
Así, recomendó que siempre que se produzca un rechazo en frontera se dicte una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se puedan interponer contra ella.
En dicho procedimiento, el Defensor reitera que el extranjero deberá recibir información sobre protección internacional y se verificará la posibilidad de acogerse a ella, que no es menor de edad o posible víctima de trata de seres humanos. "Estas recomendaciones fueron rechazadas", apostilla la Institución.
En su estudio 'El asilo en España' de julio de 2016, el Defensor insistió en la necesidad de acabar con estas devoluciones de extranjeros "sin garantías" y señalaba que "el objetivo de las políticas estatales debe ser facilitar el acceso al procedimiento de asilo a las personas que se encuentren en necesidad de protección internacional".