En opinión del Defensor, se han puesto "en serio riesgo los fundamentos del progreso de catalanes y del conjunto de españoles, perjudicando muy especialmente a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad".
Por ello, reclama "a los legítimos poderes del Estado que aseguren el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, así como la vigencia del Estado de Derecho".
Marugán subraya que la institución, en este momento "extremadamente grave" para la democracia, no puede permanecer al margen. "Es muy lamentable la actitud que desde hace tiempo venían mostrando las máximas autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña, concretada en un deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado y en un palmario incumplimiento de sus obligaciones constitucionales", añade.
A su juicio, la puesta en marcha de un "proceso de secesión" del Estado, con una "desobediencia sistemática y consciente" de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, acaba de culminar con una proclamación ilegal de la independencia de Cataluña.
Además, considera que esta "grave" decisión: quiebra los principios democráticos del Estado de Derecho; rompe la unidad de España y viola la soberanía nacional; y daña la reputación de todo el Estado Español en el ámbito internacional, y muy particularmente en el de la Unión Europea y del Consejo de Europa.