Según ha explicado la diputada de En Marea, firmante de la iniciativa, Ángela Rodríguez, actualmente en el Código Civil español, en su artículo 45, establece que "no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial" y en su artículo 73 que "es nulo el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial". Además, en 2012 se modificó el Código Penal para introducir como delito el matrimonio forzoso. Sin embargo explica que, a su juicio, estas medidas son insuficientes.
En este sentido, ha señalado que en el país se celebran alrededor de 400 de estas bodas sin consentimiento al año, siendo Cataluña, Madrid, Andalucía y Canarias las comunidades que más matrimonios de este tipo han registrados. Por este motivo, la propuesta también llama al Ejecutivo a fomentar que las autonomías implementen planes de prevención en esta materia.
Además, pide que se lleven a cabo los cambios normativos necesarios para que la nulidad de los matrimonios, la solicitud del divorcio, la concesión y las consecuencias del mismo, como puede ser la pensión alimenticia o la custodia de los hijos, sean realmente efectivas y puedan darse en total libertad.
PROTECCIÓN Y ACOGIDA A LA VÍCTIMA
Rodríguez también ha destacado durante su intervención que, en esta práctica, está muy presente la desigualdad de género, que hace que se considere a las mujeres y a las niñas como objetos, incapaces de decidir por sí mismas cuándo y con quién casarse. "Las niñas y las mujeres son obligadas a casarse como una forma de control para evitar el desarrollo de su personalidad y sexualidad", ha denunciado.
En este sentido, exige que se ponga en marcha una orden de protección de emergencia que proteja a la víctima de matrimonio forzado a largo plazo y que la víctima de esta boda pueda solicitar el asilo sin que se le ponga ningún tipo de traba.
FALTA DE FUNDAMENTO JURÍDICO
Del mismo modo, propone crear centros especializados para estas víctimas de matrimonios forzados o servicios de acogida adecuados para las mismas, con ayudas formativas y laborales de planes de vida independiente.
La única fuerza política que no se ha mostrado a favor de esta iniciativa, el PP, ha alegado que a este texto le "falta fundamento jurídico" y que propone cosas en las que el Ejecutivo ya está trabajando desde hace tiempo.