El texto, debatido en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, también pedía ceder la recaudación que se haya obtenido de las declaraciones efectuadas en la comunidad correspondiente; garantizar que los recursos pertenecientes al referido tramo sean gestionados íntegramente, por los respectivos gobiernos autonómicos y destinados efectivamente al Tercer Sector; y distribuir, también territorialmente, otros recursos en materia de concesión de subvenciones destinadas al área de servicios sociales, familias, discapacidad y otros fines de interés social.
Durante la defensa de esta propuesta, el portavoz de PDeCAT en esta comisión, Sergi Miquel i Valentí, ha pedido al Ejecutivo que cumpla con las 13 sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo respecto al reparto de las subvenciones a cargo del IRPF y ha criticado que el Gobierno haya cambiado "las reglas del juego", cambiando el marco normativo, hasta conseguir una decimocuarta sentencia en la que "que la justicia le diera la razón".
PODEMOS TAMPOCO LO APOYA
La propuesta del partido independentista ha sido criticada por PP, PSOE y Ciudadanos, que han votado en contra de la misma, por buscar el incumplimiento de una sentencia judicial y también por "insolidaria". Tampoco ha contado con el apoyo de Unidos Podemos, que ha optado por abstenerse.
El portavoz del PP en esta materia, Bienvenido De Arriba, ha recordado al representante de PDeCAT que la última sentencia del Constitucional "reconoce la competencia del Gobierno para seguir determinando los objetivos, los requisitos que deben cumplir las entidades beneficiarias y los criterios para determinar las cuantías, así como los requisitos de las convocatorias".
"El Ejecutivo tiene capacidad jurídica para modificar el régimen de ayudas y adaptarlo al orden constitucional", ha señalado De Arriba ante las acusaciones de PDeCAT acerca de que el Ejecutivo había hecho contorsionismos para eludir el cumplimiento de las primeras sentencias.
ROMPE EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL
Sobre esta alegación también ha hecho referencia el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, quien ha apuntado que el Gobierno ha actuado "como debe hacer un Ejecutivo democrático". "No vamos a pedirle al Gobierno que incumpla una sentencia del Constitucional", ha apuntado el diputado, quien ha señalado que, además, su voto en contra tiene también que ver con "el deber constitucional de solidaridad de los españoles".
En este sentido, también se ha pronunciado la diputada socialista Guadalupe Martín, quien ha calificado la propuesta de "un órdago de máximos" que no comparte por "romper con el principio de solidaridad territorial".