La propuesta pide, además, el impulso de las 'salas amigables', creando en el entorno judicial un espacio apto para los menores de edad como colectivo "especialmente vulnerable".
La iniciativa ha salido adelante con el voto a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y Grupo Mixto y la abstención del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El portavoz de éste último, Eduardo Santos, ha explicado que se trata de una "abstención crítica" ya que, a su juicio, el cauce adecuado para tratar este tema es "cuando se hable de presupuestos" porque considera que esta iniciativa debe ir acompañada de medios económicos.
Desde el PP han indicado que en los últimos cuatro años se ha avanzado significativamente en la defensa y proyección de los derechos de la infancia y la adolescencia en el entorno de la justicia" y han recordado la necesidad de impulsar el interés superior del menor y su derecho "a ser escuchados".
UNA NORMA "OBVIA" Y SIN FINANCIACIÓN
Su portavoz en la comisión, Avelino De Barrionuevo, han recordado que el texto presentado también incide en la necesidad de reforzar el sistema de protección de menores en el ámbito judicial, creando un nuevo registro central de delincuentes sexuales, reforzando mecanismos de prevención en la sustracción internacional de menores, incrementando las garantías en la integridad de aquellas personas que tienen como función la formación de menores, y extendiendo la especial protección de nuestro ordenamiento jurídico sobre menores afectados por violencia.
Desde PSOE, la diputada Elvira Ramón ha criticado la proposición por ser "vaga", "carecer de aspectos concretos que se regulen" y ser "obvia" ya que su propósito se incluye en las legislaciones españolas y europeas. Aún así, ha mostrado su apoyo instando al Ejecutivo a "no sólo traerla" a debate, sino también "a ponerla en marcha de forma concreta". Por su parte Ciudadanos, ha destacado la importancia de que esta propuesta cuente con una "correcta financiación", apostando por una "modernización de la justicia".