Según ha explicado el portavoz socialista en esta materia, Joan Ruiz i Carbonell, es "impensable" que en la era de la informatización, en la que se conocen datos de "cuántos yogures consume cada persona al año en el país" no se tengan datos sobre esta materia cuando, además según ha apuntado, "no es tan complicado".
Ruiz i Carbonell también ha llamado a incluir datos más concretos como la comunidad autónoma a la que pertenecen, provincia o edad, entre otras informaciones, que, según ha señalado el diputado, permitirán a las autoridades mejorar la legislación. "Para mejorar las cosas hay que saber a quién afecta y cómo es el afectado", ha señalado durante el debate de la iniciativa.
Además, el socialista recuerda que España necesita "un cambio de enfoque" de sus políticas de discapacidad, "abandonando la visión asistencial" hacia estas personas y "pasar a reconocer que tienen los mismos derechos que todo el mundo". Así se lo exige la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que España firmó, ha recordado el diputado.
EL AÑO QUE VIENE SE INCLUIRÁN EN EL REGISTRO CIVIL
Reconocer el derecho de personalidad jurídica a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones; garantizar el ejercicio de su capacidad jurídica con las salvaguardias adecuadas para impedir abusos; o tomar las medidas para que puedan ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos o tener acceso a préstamos bancarios, son algunas de las recomendaciones que el convenio ha trasladado al Gobierno español, según ha recordado Ruiz i Carbonell.
Los 'populares', aunque han apoyado el texto, han recordado que estos datos se implementarán próximamente en la nueva Ley del Registro Civil, que entrará en vigo a mediados del año que viene. La portavoz 'popular' en materia de Discapacidad, Dolores Alba, quien ha reconocido que "la información es la base de cualquier acción política posible", ha indicado, además, que en esa nueva recopilación de datos que se obtendrá con la nueva norma se podrá tener información sobre este tema desde 1950.
También la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Teresa Arévalo, ha apoyado la iniciativa señalando que, como Estado firmante, España debería "asumir la filosofía de la convención cuanto antes", dirigiendo sus políticas a "garantizar la obtención de todos los derechos" de todos sus ciudadanos, cambiando lo necesario en su normativa. Por su parte, el representante de Ciudadanos, Diego Clemente ha llamado a modernizar el sistema de datos que utiliza actualmente la administración de justicia.