Esta proposición no de ley de la formación naranja recoge las reclamaciones que las asociaciones de víctimas de accidentes, y colectivos como ciclistas y peatones, vienen reclamando al Ministerio de Justicia. Las críticas van destinadas hacia la reforma del Código Penal llevada a cabo en 2015, por la que se determinó castigar con pena leve todos aquellos delitos considerados también leves.
De este modo, si un usuario de la carretera comete una imprudencia de carácter leve no es castigado por la vía penal aunque las consecuencias de su comportamiento supongan la muerte de otro usuario. Además, Ciudadanos quiere castigo penal también para los siniestros cuyas víctimas terminen con "lesiones graves que requieran tratamiento médico y quirúrgico".
El deber de socorro, también ha generado críticas. Con el Código Penal actual, si no se socorre a un fallecido en carretera no supone delito porque la víctima, al estar muerta, no requería ayuda. Éste fue el motivo por el que un juez archivó el caso del ciclista Óscar Bautista, que, tal y como recordó durante el debate del martes la portavoz de Ciudadanos en materia de Seguridad Vial, Irene Rivera, falleció atropellado por un camión que se dio a la fuga.
UN NUEVO PLAN PARA CICLISTAS
El texto apoyado, también incluye la petición de implantar un plan específico de medidas para reducir la accidentalidad de los ciclistas. Las propuestas de la formación naranja pasan por identificar en toda la red de carreteras los tramos de concentración de víctimas ciclistas y que , en ellos se intensifiquen los controles realizados por los agentes de la Guardia Civil.
Además, se llama a movilizar en estas zonas a los helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT), vigilando especialmente la distancia de 1,5 metros en adelantamiento a ciclistas.
Del mismo modo, se sugiere divulgar toda esta información a las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos para que éstas implementen las correspondientes medidas de prevención y realicen los oportunos controles, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Finalmente, la iniciativa pide al Gobierno que revise el ordenamiento jurídico actual a fin de cumplir los objetivos previamente referidos y, en particular, la Ley de Contrato de Seguro; la de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación; y la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Conductores, y avanzar en la redacción del primer Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta con el objeto de reforzar los nuevos modelos de movilidad y el respeto a todos los usuarios de la vía.