La trabajadora desempeñaba desde 2008 labores de celadora con un contrato administrativo. La decisión judicial es fruto de un recurso presentado por el sindicato CCOO.
Estima el Juzgado que el contrato administrativo firmado por la trabajadora, "de atención de otras necesidades de personal", más conocido entre las trabajadoras como contratos estructurales, exige que se acrediten por el servicio las causas que permiten su celebración y que su duración no excede del máximo tiempo establecido en su normativa.
"La consecuencia de estos incumplimientos, denunciados en la demanda interpuesta, es que estamos ante una contratación fraudulenta, indefinida y de carácter laboral. Por este motivo la comunicación de cese es constitutiva de un despido improcedente", ha explicado CCOO en una nota
El sindicato ha afirmado que "la contratación administrativa no puede convertirse en una especie de cajón de sastre al cual acude la Administración para cubrir aquellos puestos de trabajo que son necesarios para el funcionamiento normal de los servicios públicos, cuando esas necesidades no son coyunturales sino estructurales".
Además, según CCOO, se aboca a estos trabajadores a una relación que "no es ni funcionarial ni laboral y que conlleva situaciones de desprotección, ya que al finalizar su relación administrativa no se genera derecho a indemnización alguna cuando, como suele ocurrir habitualmente, su relación se ha mantenido durante varios años".