Organizaciones de la comunidad educativa aplauden los cambios previstos por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, sobre las evaluaciones de ESO y Bachillerato de la LOMCE, que confían en ver pronto en el Boletín Oficial del Estado, y urgen a alcanzar un Pacto de Estado consensuado y estable.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de CEAPA, José Luis Pazos, ha afirmado que estas modificaciones en un borrador de decreto ley son un "gesto" del Ejecutivo, aunque lo pone todavía "en cuarentena". A su juicio, responde a la movilización de la mayor parte de la comunidad educativa, que se ha manifestado desde 2012 en contra de estas pruebas, la última, el 26 de octubre con una huelga convocada por CEAPA y el Sindicato de Estudiantes.
Para el presidente de CONCAPA, Pedro Caballero, que dice no haber visto aún "la letra pequeña", la medida anunciada por Educación es "una posibilidad de desencajar este problema y dar salida a poder llegar a un verdadero Pacto Educativo". "No podría ser lo que pasaba hasta ahora con la incertidumbre", ha subrayado, para después hacer una valoración positiva de este "primer paso".
En el caso del Sindicato de Estudiantes (SE), su secretaria general Ana García ha atribuido la decisión del Ejecutivo a "la presión que ha habido en la calle" y ha recordado que su objetivo es que las 'reválidas' "no existan nunca, ni censales de ni de ninguna otra forma", por lo que ha anunciado que se mantiene la huelga del próximo jueves 24 de octubre. "No nos fiamos un pelo de este Gobierno que miente constantemente", ha declarado García, para después agregar que "si esto se confirma, es un alivio para los alumnos de Bachillerato".
El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles López, ha afirmado que "en principio va en la dirección" de la PAU, lo cual es "una buena noticia", pero le ha pedido al Ministerio que la norma "sea consensuada con la comunidad educativa". Además, ha señalado que el "requisito" de su asociación es que "en la actualidad se pida un 4 para poder ponderar con la nota de Bachillerato y no un 5", así como que no "entraran asignaturas de 1º" en el examen.
Por su parte, la responsable del sector de Enseñanza FESP-UGT, Maribel Loranca, ha calificado el anuncio del ministro de "impresionante" y le ha pedido que "por Real Decreto" anule el de 'reválidas', reponga la PAU y que de "verdad empiece a trabajar el Parlamento en una nueva ley educativa de consenso, que escuche a la comunidad educativa, se arbitre un foro" donde puedan "empezar a hablar de un Pacto Educativo, de inversión y de reversión de los recortes". "Que se deje de anuncios e historias que son 'kafkianas' absolutamente", ha remachado.
Así, el presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, ha destacado el "momento de confusión tan grande" que existe y ha pedido a los representantes políticos que se "aclaren". A su juicio, con la decisión del Gobierno, se "renuncia, de alguna manera", a realizar las 'reválidas' tal y como planteaba la Ley, por lo que la cuestión es ahora "qué va a quedar de la LOMCE" y decidir qué modelo educativo es el que se quiere implantar.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO (FE-CC.OO.), Francisco García, ha criticado que la propuesta del Gobierno indica que las 'reválidas' no tendrán valor académico durante un "período transitorio que no se cifra". "Nosotros no queremos que haya reválidas con efectos académicos ni este curso ni ninguno", ha declarado, al tiempo que ha rechazado que "los exámenes van a ser distintos al modelo PAU porque van a poder ser de respuestas múltiples" a escasos meses de las pruebas. Por todo ello, ha exigido el mantenimiento de la PAU "hasta que haya una nueva ley educativa".
Finalmente, el presidente del sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Mario Gutiérrez, se ha congratulado de que la prueba de Bachillerato vaya a versar sólo sobre contenidos de 2º porque lo contrario generaba "mucha, mucha ansiedad" a los alumnos, mientras que en el caso de la prueba de 4º de la ESO ha considerado "positivo" que tenga valor de diagnóstico, pero "si esto significa ponerse a trabajar inmediatamente en llegar a un Pacto de Estado para modificar de manera estable lo que es una ley orgánica". "No con parches o reales decretos", ha zanjado.