El Ejecutivo ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas que se suma a la que remitió sobre la misma cuestión en diciembre de 2015. Bruselas denuncia que España no adoptó medidas "decisivas" tras la primera misiva y ahora da dos meses a Madrid para responder a esta segunda.
Este procedimiento de infracción, en última instancia, podría provocar que la Comisión Europea denuncie a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si considera que persiste el incumplimiento.
A juicio del Ejecutivo comunitario, existen "pruebas fehacientes" de que todavía existen al menos 388 vertederos incontrolados pendientes de cierre o tratamiento.
Por ello, ha denunciado que España "ha incumplido los deberes de control, inspección y garantía de cumplimiento en relación con el vertido de residuos". Al mismo tiempo, ha criticado que no se han adoptado medidas para garantizar que los productores iniciales o los propietarios actuales de los residuos realicen en tratamiento necesario.
Este hecho, estima Bruselas, constituye un incumplimiento "sistemático" por parte de España de algunos artículos de la normativa comunitaria sobre residuos.