La presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), María Concepción Díaz Robledo, ha pedido este miércoles en el Congreso de los Diputados que en una futura reforma de la Constitución la lengua de signos tenga "la misma consideración que el resto de lenguas cooficiales, ni más ni menos".
Durante su intervención en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en la Cámara Baja, Díaz Robledo ha reconocido que desde la aprobación, en 2007, de la ley que reconocía esta lengua como oficial se han conseguido "muchos hitos". Sin embargo, ha señalado que "no se reconoce su identidad lingüítica como se hace con otras lenguas cooficiales, ni se ha mostrado la misma sensibilidad".
"A pesar de contar con leyes avanzadas y a pesar de que la sociedad ha cambiado su modo de percibirnos, aún cuesta entender nuestro mensaje", ha declarado la presidenta de CNSE, quien ha señalado que hay más de un millón de personas con discapacidad auditiva en España.
Por ello, también ha pedido al Gobierno que incluya la lengua de signos en la lista de bienes culturales inmateriales ya que, según ha indicado, esta forma de expresión no se puede "desvincular de la cultura de un territorio ni de la persona".
Preguntada por el uso de esta lengua, ha explicado que existen algunos signos universales que sirven para las comunicaciones internacionales, pero, como las lenguas orales, la de signos varía en función de la cultura. Así, ha señalado que existen países con dos o tres lenguas de signos diferentes, entre ellas España, en donde existe la española y la catalana.
DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA
Desde los partidos también se han interesado por los datos de violencia o abusos en los colegios a menores con discapacidad auditiva, un problema del que la presidenta del CNSE tiene constancia "por casos que hemos recogido" en la asociación, pero ha indicado que no existen datos oficiales. En este sentido, ha denunciado que el teléfono de atención al menor no tiene accesibilidad para aquellos que quieran denunciar abusos.
Lo mismo ocurre con las mujeres víctimas de violencia de género, quien, según ha indicado, sufren los primeros problemas de comunicación en cuanto intentan denunciar, ya sea por teléfono como en una comisaría. "Debe existir el mismo protocolo de atención para las mujeres discapacitadas y eso es labor de las administraciones", ha reprochado.
Pero esta falta de accesibilidad también afecta a otros teléfonos de servicios públicos como el 112, el 091 o el 062, así como al acceso al carné de conducir o al empleo.
QUE LA FINANCIACIÓN NO DEPENDA DE LOS NÚMEROS
Díaz Robledo ha denunciado que el servicio de videointerpretación para los sordos, que permite que las personas sordas puedan acceder a llamadas de teléfono, ha registrado 80.000 en toda España en 2016, de las que casi 20.000 se quedaron sin atender por falta de recursos.
"Queremos que los derechos de las personas sordas no dependan de los números, que con que sólo haya una persona sorda ya debe tener el derecho a una vida digna", ha pedido la presidenta de la CNSE, quien ha indicado que los sordos suponen el 2 por ciento de la población del país y casi el 30 por ciento de la población discapacitada.
UN REGLAMENTO QUE REGULE LOS SERVICIOS MÍNIMOS
Díaz Robledo ha trasladado también la falta de libertad de las personas sordas a la hora de acceder a servicios de interpretación en los colegios o universidades. Según ha señalado, existen casos en los que se solicita el servicio y se deniega al alumno porque "no lo ha solicitado desde el inicio de su vida escolar" o porque "lleva un implante", algo que, a su juicio, "no es correcto".
En esta materia, la presidenta de CNSE ha pedido al Gobierno un reglamento que garantice los servicios mínimos para que se desarrolle el bilingüismo en la educación española y se determine cómo se debe hacer, cuántos profesionales debe haber y en qué condiciones, para que haya equidad "y exista el derecho a la libre elección en todo el territorio nacional".