El CERMI ha denunciado que el personal docente e investigador (PDI) con discapacidad es de un 0,6% en las universidades públicas y de un 0,9% en las privadas, cuando, según el Estatuto Básico del Empleado Público, al menos un 7% de las vacantes de estos puestos deben reservarse a personas con una discapacidad igual o superior al 33%.
En este sentido, el CERMI asegura que, con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha propuesto que a partir del 2018 el límite máximo de la tasa de reposición fijado para las Universidades, no se aplique a las plazas de PDI reservadas para personas con discapacidad. Además el CERMI ha propuesto que estas plazas no computen dentro del porcentaje de la tasa de reposición para el próximo año.
Con ello, el CERMI busca que cada universidad pueda extralimitar el porcentaje de la tasa de reposición cuando se trate de las plazas de reserva para personas con discapacidad previstas por el Estatuto Básico del Empleado Público.