"Imagínense que hubiera escuelas especiales por motivos étnicos o de origen nacional. Repugnaría a la sensibilidad, al progreso moral, al imaginario colectivo de la sociedad", ha dicho Pérez Bueno a los diputados, a los que ha recordado que la separación educativa es una "gravísima violación de derechos humanos".
Pérez Bueno ha afirmado que la inclusión educativa con apoyos es un imperativo jurídico internacional de derechos y ha recordado que el 20% de los 173.797 alumnos con discapacidad estaban matriculados en educación especial en el curso 2014-2015, una proporción que se mantiene desde hace dos décadas.
"Si no hay decisión política y legislativa, no habrá inclusión", ha advertido el presidente del CERMI, que ha puesto como ejemplo a Portugal, donde solo el 2% de este alumnado está en estructuras no inclusivas y, sin embargo, en ese país "lo viven como un problema de enorme magnitud, al que buscan afanosamente soluciones".
Asimismo, ha recordado que Naciones Unidas tras la recomendación a España en 2011, en la que le pedía que ajustara el ordenamiento educativo a la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad al resultar incompatible con este tratado, ha abierto una investigación al respecto, que, según Pérez Bueno, acabará en "condena".
Por todo ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que la futura ley educativa resultante del pacto, ponga fin en un plazo de cinco años a la educación especial y se ponga en marcha una escolarización con apoyos desde el primer momento en que exista discapacidad (tres años).
Asimismo, ha solicitado una estructura flexible y evitar las rigideces para la progresión del alumnado con discapacidad en el sistema educativo; accesibilidad universal de los entornos y de las TIC, o la creación en el seno del Ministerio de Educación de una 'Delegación del Gobierno para la Inclusión Educativa'.