Según ha informado este martes 14 de noviembre el Comité, la aprobación de esta nueva normativa ha permitido que se incluyan "diferentes reivindicaciones" del CERMI y de la Plataforma del Tercer Sector (PTS).
En este sentido, ha concretado que la ley acepta "parcialmente" la petición del CERMI de prohibir hacer contrataciones con empresas que no cumplan con la cuota mínima de reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad o con las medidas alternativas. Las compañías deberán realizar una declaración responsable de que cumplen este requisito. El CERMI lamenta que no haya sido aceptada la exclusión del acceso a subvenciones de las empresas que no cumplan con esta exigencia.
Respecto a los criterios de adjudicación del contrato, ha señalado que también se ha aceptado su propuesta de incluir entre las características sociales de la oferta, menciones expresas a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y la subcontratación con centros especiales de empleo (CEE).
Por otra parte, ha señalado que "llevaba tiempo" planteando la necesidad de modificar el procedimiento de provisión de servicios sociales por entidades privadas, "ya que los mecanismos de licitación pública no garantizan la calidad de la atención a personas vulnerables, las cuales no deben ser dejadas en manos de la pura libre competencia".
"Con esta ley, se ha excluido la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas", ha apuntado.
Asimismo, la plataforma celebra que el nuevo texto legal recoja "disposiciones suficientes que obligan a que en los pliegos de licitación y en las fases de la contratación se cumplan los requisitos de accesibilidad universal".
Entre las medidas positivas que se recogen para los centros especiales de empleo, el CERMI destaca que cuando una empresa ordinaria empiece a prestar un servicio que antes correspondía a un CEE, tenga que mantener el empleo de todas las personas con discapacidad que había en plantilla.
Igualmente, ha subrayado que se fija un porcentaje mínimo de reserva de contratos con CEE por parte de la Administración General del Estado (AGE) de entre el 7% y el 10%. A nivel autonómico y local, deberán ser dichas administraciones quienes establezcan este umbral mínimo.
"La nueva Ley de Contratos del Sector Público recoge buena parte de las medidas planteadas, de forma que refuerza de modo relevante la dimensión social e inclusiva de la contratación pública, por lo que es valorada de forma muy positiva por el sector de la discapacidad", ha concluido.