El Comité Ejecutivo del CERMI ha aprobado un documento político para reclamar al Gobierno y al Parlamento la elaboración de dicha ley, en el que se adhiere a los argumentos que señalan los beneficios de la detección y la atención temprana para el desarrollo de las personas con discapacidad, expuestos en el 'Libro Blanco de Atención Temprana'; y apela a los "mandatos legales" impuestos por los convenios internacionales suscritos por España, la Constitución Española, la Estrategia Europea 2020 sobre Discapacidad y la Ley de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Según indican, la 'Ley Orgánica de universalización de la Atención Temprana y el Apoyo al Desarrollo Infantil' que solicitan serviría para diseñar protocolos de actuación adecuados para cumplir con estos mandatos y para establecer "unos servicios mínimos en todo el Estado español", haciendo especial hincapié en las zonas rurales y las necesidades específicas de las niñas con discapacidad.
El CERMI pide además "sentar las bases de una financiación suficiente de los servicios de atención temprana" con la colaboración del Estado y de las comunidades autónomas, reforzar los mecanismos de evaluación de los servicios para posibilitar su mejora e invertir en formación de los profesionales del sector y en investigación.
"Es necesario también crear organismos sobre atención temprana en los que trabajen conjuntamente las diferentes administraciones y las organizaciones del ámbito de la infancia y de la discapacidad", destaca.
Por último, la organización advierte de que empleará "todas las vías a su alcance" incluyendo "el litigio estratégico cuando sea la estrategia más adecuada" para "defender los derechos de la infancia en su acceso a estos servicios".