Así lo denuncia la Plataforma de Protección a Inmigrantes, de la que forman parte la propia Cáritas Marruecos y Tierra de Hombres entre otras ONG, que ha constatado desde diciembre de 2013 la llegada diaria primero, de "decenas y después, de cientos de inmigrantes, incluyendo menores, llevados a diversos lugares de Rabat en autobuses conducidos por las fuerzas del orden de las regiones que rodean los enclaves españoles de Ceuta y Melilla".
Las entidades hablan de una "crisis humanitaria" en la capital de Marruecos frente a la que no disponen de medios suficientes. "Podemos destacar que el Centro de Acogida a Inmigrantes de Cáritas, que ha prestado asistencia a más de 16.000 inmigrantes en Rabat desde 2005, ha tenido que cerrar sus puertas definitivamente el 24 de marzo de 2014 por no poder hacer frente a las numerosas llegadas (cien al día) y a situaciones médicas (lesiones graves) cuyo tratamiento supera su capacidad", afirma la plataforma.
En este sentido, expone que algunas de las personas atendidas reconocen haber sido detenidos durante un intento de cruzar la frontera con Ceuta y Melilla, pero "muchas de ellas dicen haber sido detenidas en la calle, en su lugar de residencia o incluso ya en España". "No hemos obtenido hasta el momento una respuesta oficial sobre las razones de estas prácticas de 'desplazamiento forzado' fuera de todo procedimiento judicial", denuncia.
"Entre estas personas, que se quedaron sin hogar en Rabat, dimos asistencia a un número cada vez mayor de heridos, incluyendo fracturas y otras lesiones que se atribuyen, en gran medida, a la violencia de las fuerzas auxiliares marroquíes o de la Guardia Civil durante su arresto", señala la Plataforma de Protección a Inmigrantes.
Las entidades exigen que las autoridades españolas "pongan fin a las expulsiones ilegales a Marruecos de inmigrantes habiendo entrado en dichos enclaves; que se aseguren de que la cooperación con el Reino de Marruecos en materia de gestión de fronteras se inscribe dentro del estricto cumplimiento de la legislación nacional y del derecho internacional, y que recuerden a los servicios de la policía, la prohibición del uso de la violencia hacia los migrantes".
En cuanto a Marruecos, apelan a las recomendaciones del Consejo Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de los migrantes y refugiados en el país, para exigir al Rey Mohammed VI que los encargados de la seguridad de las fronteras den instrucciones a la policía "lo antes posible" con el objeto de "poner fin a la violencia durante los interrogatorios, para garantizar así el respeto de los procedimientos individuales y acabar con estos 'desplazamientos forzados' en el interior del país".
La Plataforma reclama asimismo que el Consejo Nacional de los Derechos Humanos en Marruecos y las Naciones Unidas envíen observadores internacionales a ambos lados de las fronteras de Ceuta y Melilla "para que sean testigo de los abusos y violaciones de derechos de los que los migrantes son objeto y que las pongan en conocimiento de las autoridades competentes".
Por último, para "desbloquear" el paro de las actividades del Centro de Acogida a Migrantes de Cáritas, la Plataforma pide a las autoridades regionales de salud que se establezca un dispositivo de orientación y de atención para las personas heridas y para las instituciones encargadas de la protección de la infancia y que proporcione una asistencia adaptada para los menores no acompañados.