El ultimátum tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase en un expediente sancionador que le fue abierto a España en abril de este año para reclamarle la información y apertura de consultas públicas sobre los proyectos de esos planes.
Estos planes ofrecen una visión completa de las principales cuestiones que afectan a cada demarcación hidrográfica, y deberían incluir las medidas concretas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad medioambiental fijados.
Según ha informado el Ejecutivo comunitario, hasta la fecha España no ha adoptado, publicado ni comunicado a Bruselas la revisión y actualización de los primeros planes hidrológicos, como debería haber hecho el 22 de octubre de 2015 a más tardar.
El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a las exigencias de la Comisión que, si en ese plazo considera insuficiente la respuesta de España, podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.