"Este plan de acción va de simplificar la obligación de información ambiental e informar a los ciudadanos mejor" de cuestiones importantes para ellos, ha resumido el vicepresidente primero de la Comisión Europea responsable de mejorar el proceso normativo, Frans Timmermans.
En la actualidad existen 181 obligaciones de información numérica y geoespacial en 58 diferentes normas ambientales en la Unión Europea, en su mayoría en texto, lo que dificulta su recogida, análisis y estructuración.
El coste para las administraciones públicas de los Estados miembro y las empresas se eleva a aproximadamente 13 millones anuales, aunque se el coste se eleva a unos 22 millones al año si se incluye el que asume la Comisión Europa (unos 5 millones anuales) y la Agencia Europea de Medioambiente (4,5 millones al año).
El Ejecutivo comunitario ha concluido en un informe tras investigar el impacto de las obligaciones de información que el sistema de información "es ampliamente eficiente y que la carga administrativa asociada" de 22 millones anuales "es moderada, está justificada y es proporcional".
"Los beneficios, tales como la mejora en la aplicación (de la normativa ambiental) y más focalizada y la mejor información al público, superan ampliamente los costes", asegura en el documento, hecho público este viernes.
El Ejecutivo comunitario ve no obstante margen de mejora y ha planteado acciones para facilitar "la información adecuada en la forma adecuada y el momento adecuado", ya sea promoviendo una modificación en las obligaciones de dar información o eliminándola y para mejorar el sistema de información promoviendo las nuevas tecnologías de información electrónica o eReporting.
También ha propuesto medidas para promover la difusión activa de la información ambiental a fin de facilitar la comprensión del público sobre el estado ambiental en el que viven, así como para explotar otros recursos para recabar información y datos como el programa de observación por satélite Copernicus y mejorar la cooperación, a fin de garantizar que los datos remitidos a la Comisión Europea se utilizan el máximo posible.
El comisario de Medioambiente, Karmenu Vella, ha puesto como ejemplo el informe sobre la calidad de las aguas de baño, que el año pasado los ciudadanos consultaron "más de un millón de veces". "Es un ejemplo de información extremadamente útil que se procesa y se comparte rápidamente. Nuestra ambición es replicar esta experiencia positiva a todas las cuestiones ambientales", ha explicado.