La presidenta de de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos (que ejerce la representación letrada de la acusación particular), ha manifestado en un comunicado su "asombro" con la sentencia.
"Estamos en un Estado de Derecho en el que todos debemos someternos a las leyes, instituciones y particulares. Si se ha vulnerado un derecho de reunión y de manifestación ilegalmente y de forma violenta la justicia tiene que actuar", ha declarado para manifestar su rechazo a la sentencia emitida por el juzgado.
Además, ha recordado que esta manifestación era "familiar, legal y pacífica" y que "los testigos y la policía" declararon en el juicio del 19 de julio sobre la actitud "violenta" de las Femen, que fueron contra los manifestantes "incluso cuando vieron que había menores", conducta que "se castiga" en el artículo 504 del Código Penal, ha concluido.
Por su parte, el presidente de la Asociación Enraizados de Cristo, José Castro, ha asegurado que "es vergonzoso que las instituciones acepten el hecho de que un grupo violento ataque el derecho de manifestación y concentración en un evento que se organizó debidamente".
Mientras, la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, cree que es lícito que cada uno defienda sus ideas. "Lo que no es admisible es atacar el derecho de otros a manifestarse. La única forma de defender una causa", ha añadido. A su juicio, los colectivos que utilizan la agresividad y la ofensa como únicos argumentos "están condenados a desaparecer".