En rueda de prensa, acompañado por el portavoz del Arzobispado, José Antonio Calvo, y el abogado de la institución, Ernesto Gómez Azqueta, el letrado Enrique Trebolle ha afirmado que, "a la vista de todas las circunstancias" van a estudiar "con exhaustividad, con prudencia y reflexivamente la posibilidad de acciones penales" contra esta persona, recalcando que "si técnicamente desde el punto de vista jurisprudencial resultan viables", aconsejará al Arzobispado "iniciar esas acciones penales correspondientes".
De esta forma, el Arzobispado responde al auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictado el pasado 2 de mayo que anula el proceso emprendido contra el arzobispo, el ecónomo diocesano y un perito informático por revelación de secretos y delitos contra la intimidad iniciado a raíz de la denuncia interpuesta por la exnotaria, María del Carmen Amador Gil, y el exjuez Roberto Ignacio Ferrer Sarroca por la intervención del ordenador del puesto de trabajo de la primera.
José Antonio Calvo ha remarcado que en el auto de la Audiencia de Zaragoza "ha quedado clara la legitimidad del Arzobispado para desarrollar una facultad inspectora sobre el ordenador de su empleada", una intervención dirigida a confirmar "la vehemente sospecha de que era esta persona quien emitía mensajes difamatorios sobre la institución".
Esta persona desarrollaba un trabajo "que requiere de un alto grado de confianza dada la delicadeza de los asuntos de los que se ocupaba, procesos canónicos y, en concreto, causas de nulidad matrimonial", ha detallado Calvo, al agregar que desde ese mismo ordenador también se realizaron "filtraciones a terceros y a periodistas" y la Audiencia respalda esa "legitimidad" en base a una sentencia del Tribunal Constitucional.
En el auto se indica que la exnotaria no podía usar su ordenador de trabajo para usos extralaborales privados y "mucho menos" para perjudicar a su empleador, de forma que la inspección realizada por el Arzobispado "fue legítima" y "justificada, proporcional e idónea" para confirmar sus sospechas.
"NO HUBO DELITO ALGUNO"
Así, se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, una decisión firme contra la que no cabe recurso, pero que se denomina "provisional" porque no resultaba justificada "la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, no ha habido delito alguno" en la actuación del Arzobispado, ha dicho tajante su portavoz.
Calvo ha remarcado que "se aprecia que se trata de malas prácticas profesionales que justifican claramente el despido de esta persona", aunque el despido en su momento "fue declarado improcedente porque formalmente así lo era".
Cuando se prescindió de esta persona, por sospechar que estaba emitiendo mensajes difamatorios y filtrando información, "no dio tiempo a realizar las llamadas de atención, a seguir el procedimiento, pero el asunto era tan grave que resultaba obligado" actuar.
Con el auto emitido el pasado 2 de mayo "queda claro que el despido fue moralmente procedente" y, además, "el obispo tiene la facultad de cesar en los oficios eclesiásticos", ha recordado Calvo.
En su opinión, en este proceso "no solo se ha defendido a la Iglesia de unas prácticas que la han perjudicado notablemente, también a personas de buena fe que han acudido al Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza y que han podido ver lesionados sus derechos".
Ha aclarado que contra María del Carmen Amador Gil y Roberto Ignacio Ferrer Sarroca existe abierto un proceso penal y contra estas mismas personas y contra el exprofesor Antonio Mas "existe un proceso canónico que, tras el visto bueno de la Signatura Apostólica, está instruyéndose en el Tribunal de la Rota en Madrid".
"DAÑO INJUSTIFICADO"
José Antonio Calvo ha lamentado "el daño injustificado que de un modo fehaciente se ha causado a la persona del arzobispo, monseñor Vicente Jiménez Zamora, a la Archidiócesis de Zaragoza, al ecónomo diocesano Ernesto Meléndez y al perito informático Jorge Pina".
El abogado Enrique Trebolle ha insistido en que ahora se estudiará "ponderadamente, con prudencia y se va a profundizar en la viabilidad o posibilidad de ejercitar algún tipo de acción penal" contra esta persona, mientras que Ernesto Gómez Azqueta ha señalado que esa querella se centraría "en el atentado sufrido contra el derecho al honor como un derecho constitucional".
Trebolle ha agregado que tras presentar la exempleada su denuncia "parcial", en la que "no se exponen todos los datos", se iniciaron unas primeras diligencias y "en plena instrucción" la Audiencia Provincial de Zaragoza, "superior jerárquico del juez de instrucción, considera que no ha sido debidamente justificada la perpetración del delito y dicta auto de sobreseimiento" y archivo, por lo que el arzobispo, el ecónomo y el perito informático "no debieron ir a declarar" como investigados en este procedimiento.
"Nosotros siempre hemos respetado todas las resoluciones judiciales", ha dicho Trebolle, al observar que "respetamos en su momento la resolución del juez y ahora, igual llamada debería hacerse a los denunciantes, se debe respetar también la decisión del superior jerárquico de la Audiencia Provincial".
Por último, el portavoz del Arzobispado, José Antonio Calvo, ha aclarado que no habían realizado declaraciones hasta este lunes sobre esta causa por una razón "muy clara", no interferir en los procesos judiciales, por lo que "en ningún caso daremos declaraciones mientras estén abiertos", aunque "sabemos que puede perjudicarnos, pero no queremos vulnerar la honra y honorabilidad de las personas y de las instituciones y siempre esperaremos al fallo de la judicatura", ha concluido.