Esta ha sido una de las propuestas del responsable sindical durante su comparecencia en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, que este martes 21 de febrero ha comenzado con las comparecencias previstas de cara a los trabajos para el Pacto Social y Político por la Educación. "Si el pacto que se alcanzase no abordase en profundidad la situación del profesorado, éste nunca será efectivo", ha subrayado.
Fernández Guisado ha reiterado la necesidad de que los profesores tengan un papel importante en la gestión del futuro acuerdo y ha subrayado que este tiene que llevar aparejado una Ley de la profesión docente que regule la formación, el acceso y la carrera de los profesores españoles independientemente del nivel educativo --Infantil, Primaria o Secundaria-- y del tipo de centros en los que desarrollen su labor.
El presidente de este sindicato de funcionarios docentes, que ha alertado de que desde 2010 se han perdido 35.000 puestos en la enseñanza pública pese al aumento del alumnado, ha indicado también que en diez años se van a necesitar 200.000 profesores más en la pública por las jubilaciones.
Sobre el pacto educativo, ha indicado que tiene que tener como base el artículo 27 de la Constitución, que establece el derecho universal a la educación y la libertad de enseñanza para "evitar que se produzcan situaciones de confrontación ideológica". Asimismo, ha indicado que hay que aprovechar que hay "consenso en la necesidad de un pacto" y espera que los trabajos de la Subcomisión parlamentaria estén encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y a cambiar lo que no ha funcionado.
LEY DE FINANCIACIÓN EDUCATIVA
También ha pedido a los diputados que se dé prioridad a la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo. También ha reclamado un compromiso económico entre los partidos políticos y entre el Estado y las comunidades autónomas mediante un Ley de financiación para que alcance, al menos, un 6% del PIB; desarrollar el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros; o un nuevo marco de la función directiva más profesionalizada.
"Para ANPE este pacto debe conducir a tres objetivos esenciales: recuperar el sentido etimológico de educar frente al más limitado de enseñar, combatir el fracaso escolar mejorando el rendimiento educativo de todos los alumnos y revalorizar la profesión docente", ha indicado.
En respuesta a las preguntas de los portavoces parlamentarios sobre las evaluaciones, Fernández ha indicado que es partidario de las mismas, siempre que no condicionen la obtención del título en las etapas obligatorias, y también está de acuerdo con que se evalúe a los profesores "con criterios objetivos" y no para poner en entredicho su labor. En este sentido, ha mencionado el sistema de evaluación del profesorado de Asturias, que, a su juicio, está funcionando en esa comunidad y se puede tomar como ejemplo.