"Aunque hemos tenido un considerable éxito en esta iniciativa, enfermos renales que querían viajar a Jaca, Tudela y Sigüenza han tenido que desistir de ello puesto que los servicios sanitarios de las comunidades autónomas de Aragón, Navarra y Castilla la Mancha no han cumplido con su obligación de garantizarles el tratamiento", ha señalado el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER, Jesús Molinuevo.
En este sentido, el Observatorio de los Derechos de las Personas con Enfermedad Renal (ODER), creado por ALCER, ha logrado que cerca del 90 por ciento de los pacientes que han reclamado continuar con la diálisis pudieran hacerlo. "Gracias a este servicio, los pacientes a quienes se les deniega este tratamiento por no haber plaza en el lugar de destino, a pesar de realizar el trámite con dos meses de antelación, pueden reclamarlo", ha argumentado Jesús Molinuevo.
DIFICULTADES ORGANIZATIVAS
El tratamiento de hemodiálisis para las personas con enfermedad renal crónica está incluido en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), y por tanto de obligada oferta en todas las comunidades autónomas, según determina la Ley 16/2003 de calidad y cohesión del SNS.
A este respecto, el responsable de la entidad, ha reconocido ser consciente de las dificultades que, a nivel organizativo, supone para las unidades de diálisis nuevas solicitudes de tratamiento en estas fechas. Sin embargo, "la administración sanitaria debe de comprender que es un derecho fundamental de toda persona, incluso de las que padecen una enfermedad, elegir como desarrollar su tiempo libre".
Un ejemplo es el caso de Manuel Mosquera, un paciente que ha conseguido plaza para su tratamiento en Gandia gracias a una reclamación. "Estoy feliz por haber conseguido plaza y, además, este año me han autorizado transporte sanitario para desplazarme al centro de hemodiálisis, lo que ha supuesto más libertad para mi familia pues no ha tenido que llevarme y traerme al hospital", ha relatado.