Además, el acuerdo del Congreso recoge finalmente 18 votos particulares aprobados por mayoría pero que no forman parte del pacto. Doce de esos votos -4 de Compromis, 1 de podemos y 7 del PSOE- fueron aprobados durante el trámite en Comisión. Otros seis, todos de Podemos, han sido aprobados por el pleno del Congreso, aunque este hecho no ha servido para que la formación morada diera su apoyo al texto.
Se ha incorporado, además, una medida de última hora a instancias del PSOE y apoyada por todos los grupos para que se consideren víctimas de violencia de género las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o ex parejas, en referencia directa a Ruth Ortiz, que ha seguido el debate desde la tribuna de invitados, y cuyos hijos, Ruth y José, fueron asesindos a manos de su padre José Bretón.
Entre las medidas ya acordadas en julio, está la articulación de unidades de apoyo local que ayuden a las mujeres que pudieran estar viviendo una situación de violencia de género a su identificación, con independencia de la interposición de la denuncia, a fin de facilitarles asistencia y protección. Así, las mujeres maltratadas que no hayan presentado denuncia podrán ser consideradas víctimas y recibir protección. Además, plantea que la Policía Local también proteja a las víctimas.
Por otro lado, en el ámbito sanitario, sugiere formar a los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero víctimas de violencia de género e incluir en los protocolos sobre violencia de género, un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.
Además, el documento contiene medidas en el ámbito audiovisual, como la que propone suscribir convenios con asociaciones de guionistas para fomentar el tratamiento de la imagen de la mujer "libre de estereotipos y prejuicios" y evitar el "erotismo prematuro".
TRATA, MUTILACIONES GENITALES Y VIOLENCIA SEXUAL
El informe también contempla la ampliación de la definición del concepto 'violencia de género' a "todos los tipos de violencia contra la mujer" contenidos en el Convenio de Estambul --matrimonios forzosos, mutilaciones genitales femeninas, trata o violencia sexual--, aunque relega la respuesta penal a leyes específicas.
En concreto, el documento incluye un epígrafe específico sobre la "visualización y atención a otras formas de violencia contra la mujer", como la de carácter sexual. Así, se creará una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual y se impulsarán medidas de prevención y concienciación sobre esta forma de violencia de género, con campañas, materiales informativos y protocolos de actuación, teniendo en cuenta las diferentes realidades de las mujeres (edad, procedencia o situación de discapacidad), especialmente en el ámbito educativo desde Educación Infantil.
Otro de los puntos del pacto aboga por la inclusión de indicadores en la Macroencuesta de la Delegación de Gobierno para la violencia de género sobre todos los tipos de violencia sexual, con especial atención al llamado "acoso callejero".
La subcomisión del Congreso también insta a aprobar una Ley Integral de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También contempla la elaboración de un estudio sobre las nuevas realidades de la trata y las respuestas operativas que deben implementarse.
DESINCENTIVAR LA DEMANDA DE PROSTITUCIÓN
Para "desincentivar la demanda de prostitución", indica que se harán campañas de concienciación, y talleres dirigidos a los jóvenes" y que las administraciones habrán de difundir información sobre violencias machistas entre las mujeres que ejercen la prostitución y se establecerá un sistema de análisis estadístico que las recoja.
El pacto recoge, asimismo, la puesta en marcha de instrumentos de protección de emergencia para las víctimas de matrimonio forzado y eliminar las trabas para que puedan acogerse al derecho de asilo.
Además, el Pacto establece adoptar las medidas que permitan que la custodia compartida "en ningún caso se imponga en casos de violencia de género" y no pueda adoptarse, "ni siquiera provisionalmente", si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección.
También se establece el carácter "imperativo" de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera "presenciado, sufrido o convivido" con manifestaciones de violencia.
Igualmente, se suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría.
CAMPAÑAS CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES EN CITA
En el ámbito educativo, el informe establece incluir "en todas las etapas educativas" la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas y garantizar dicha inclusión a través de la Inspección Educativa; designar en los Consejos Escolares de los Centros Educativos un profesor encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad; y realizar campañas de prevención en las universidades, prestando una atención particular a las "agresiones sexuales en cita" y solicitando el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para los programas de formación y prevención.
También contempla que para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio, pueda ser excepcionada la exigencia de cumplimiento de umbral académico cuando se acredite que la persona ha sufrido una situación de violencia de género. En cuanto a los profesores, introducir en el título de grado de Educación Infantil o Primaria de las Facultades de Educación, tanto en la enseñanza pública como en la privada, una materia específica sobre prevención de la violencia de género en el medio escolar.
Asimismo, recomienda eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otros impuestos sobre la renta las ayudas y prestaciones que se perciban por esta lacra por parte de los hijos menores de edad.
18 DISCREPANCIAS
Entre las medidas que no todos apoyan pero que sí recibieron el refrendo de una mayoría de los grupos, el PSOE propone que las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de los padres para abortar; que cotice para las víctimas la renta activa de inserción; o que se considere violencia económica el impago de alimentos. Además, piden que se refuerce la estructura institucional y que se designe procurador de la víctima en un primer momento, así como que se instituya de inmediato una comisión de seguimiento del pacto.
El acuerdo incorpora finalmente 7 votos particulares de Podemos sobre, entre otras cosas, sobre la penalización del proxenetismo, el matrimonio forzoso o el acoso sexual laboral. Igualmente, incluye cuatro votos de Compromis, que solicita, por ejemplo, eliminar contradicciones sobre sexismo en la educación, elaborar un Código de Publicidad no sexista y prohibir la publicidad sobre prostitución.