Precisamente, la Comisión Europea señala que estas ayudas se han otorgado a estas centrales sin instalar los sistemas de desulfutación para poder cumplir los límites de emisión de óxidos de azufre que exige la normativa europea y que son obligatorios.
Bruselas duda de que estas ayudas supongan un incentivo para que estas centrales redujeran sus emisiones contaminantes perjudiciales para la salud y el medio ambiente ya que solo se destinaban a cumplir con los niveles de emisión obligatorios establecidos por la UE.
Por ello, la CE ha abierto una investigación ante la sospecha de que las ayudas del Gobierno para la adaptación de las centrales térmicas a los límites de emisiones de óxidos de azufre establecidos por la UE son ilegales.
El IIDMA recuerda que las emisiones de la producción de energía con carbón causan más de 700 muertes prematuras al año, costes sanitarios entre 880 y 1.667 millones de euros, y daños irreparables al medio ambiente, este tipo de medidas son cuestionables desde el punto de vista jurídico.
La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha denunciado que este tipo de pagos violan el derecho de la UE sobre ayudas del Estado y critica que el Gobierno sabe que apoyar el carbón y las centrales térmicas no responde a exigencias globales de protección a la salud y al medio ambiente y recuerda que la mayoría de países occidentales están impulsando el abandono ordenado y progresivo del carbón para cumplir el Acuerdo de París.
"La falta de planificación y visión a medio y largo plazo de las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía traerá consecuencias graves para España, que se está quedando atrás a pesar de estar recibiendo avisos constantes de diferentes actores, desde ONGs a la propia Comisión Europea. El respeto al estado de derecho es fundamental en la transición energética", ha concluido.