CC.OO y UGT se han desvinculado de la reforma de la negociación colectiva que el Gobierno aprobará el viernes en Consejo de Ministros al entender que no respeta los acuerdos alcanzados hasta el momento de la ruptura de las negociaciones con la patronal.
Así lo han indicado en rueda de prensa los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, quienes han advertido al Gobierno que será "responsabilidad" suya las consecuencias que se deriven de la reforma.
"No nos sentimos vinculados con su propuesta de reforma", ha dicho Ferrer, para añadir que los sindicatos no han hecho "ni una sola petición al Gobierno" en los últimos contactos mantenidos.
Por su parte, Górriz ha indicado que las reformas que no han sido producto del consenso "han servido para poco" y ha considerado que para volver a crear empleo son necesarias reformas en el terreno financiero para que fluya el crédito y en el sistema fiscal para recuperar la inversión pública.
Dicho esto, ambos han apostado por "superar" la situación de bloqueo y lograr nuevos acuerdos entre patronal y sindicatos, a partir de los avances alcanzados hasta la fecha, en forma de acuerdos interconfederales.
El Gobierno defiende el texto
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado que la reforma de la negociación colectiva es la "más atrevida y profunda" al tiempo que ha dicho a los agentes sociales que "si llegan a un acuerdo sobre flexibilidad interna, por parte del Gobierno no habrá ninguna dificultad para trasladarlo en forma de enmiendas".
Además, Gómez ha destacado que la reforma no sólo da más peso al convenio de empresa, sino que permite descuelgues salariales y más libertad para el empresario a la hora de cambiar las condiciones de trabajo. "No es una reforma hecha a la medida de las organizaciones sindicales", ha sentenciado.
La patronal, también descontenta
El miércoles, la patronal mostró su total disconformidad con una reforma que la calificó de "decepcionante". "Ciertamente es bastante decepcionante y bastante desequilibrado en contra de lo que opinamos desde el mundo empresarial", tal y como ha asegurado el presidente de la CEOE, Juan Rosell.
En concreto, el decreto impone un plazo de 20 meses una vez caducado el convenio para que las partes lleguen a un acuerdo y sino, habrá arbitraje. Las empresas gozarán de flexibilidad interna, pero con un porcentaje mínimo y máximo de horas de trabajo.
Además, se posibilita el descuelgue salarial, pero sólo cuando las dificultades de la empresas pongan en riesgo el mantenimiento del empleo.