Rita Barberá ha estado en cuestión desde que se produjo la 'Operación Taula' en la provincia de Valencia, que destapó una red de comisiones en torno a la empresa Imelsa y sospechas de blanqueo. En la operación fueron detenidos 9 de los 10 concejales del Partido Popular en el ayuntamiento de la capital valenciana, incluida la secretaria del Grupo y tesorera, Mari Carmen García Fuster y el expresidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus.
Las dudas se han cernido sobre ella aunque, de momento, no tiene la calidad de "investigada" en el procedimiento que se está siguiendo en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Por ello, sus propios compañeros de filas la han pedido, primero que diera explicaciones y después que "de un paso atrás". Lo hizo el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, quien aseguró que es Barberá quien "tiene que dar las explicaciones correspondientes".
Además otras voces se han sumado a las de Martínez-Maíllo como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y la de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quienes pidieron en días pasados a la exalcaldesa que renunciara a la imputación que la daba el Senado. "No sé si el problema es Rita Barberá o no, pero parece evidente que en el PP de Valencia hay que hacer una regeneración absoluta y completa", defendió Cifuentes, quien admitía que le daba "verguënza" levantarse por las mañanas y ver que han detenido a alguien acusado de corrupción.
La suma de estas declaraciones y las de otros compañeros de partido han propiciado que la exalcaldesa esté enfadada por cómo se han portado con ella y las fuentes consultadas aseguran que cree que no la han defendido de las acusaciones de corrupción como ella cree que se merece ser tratada.
No obstante, y a pesar de estas peticiones de sus compañeros de filas, lo cierto es que el PP ha mantenido a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado, que será la representación de la Cámara Alta si se disuelven las Cortes y el único lugar donde puede mantener el aforamiento en caso de que fuera "investigada" por la Justicia.