Es la tercera vez que la Eurocámara denuncia esta situación de España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007. En esta ocasión el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones un informe no vinculante que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la Unión Europea.
El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra.
La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.
El Infomre denuncia, además, que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos. Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara pide a las autoridades españolas que "se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación".