Le arrancan una tajada de 900.000 euros a Apple por "prácticas comerciales desleales"

cuatro.com 28/12/2011 10:56

Tras los diferentes litigios que la compañía de Cupertino (California) mantiene con otros gigantes de la tecnología, como Samsung, por infracción de patentes en varios países, Apple tiene que hacer frente a un nuevo problema legal. Esta vez a dos multas interpuestas por la Autoridad Antimonopolio de Italia.

Tres divisiones de Apple -Apple Sales International, Apple Italia Srl y Apple Reatil Italia- han sido multadas después de la Autoridad de Defensa de la Competencia recibiese una serie de quejas de grupos de consumidores por "prácticas comerciales desleales", tal y como asegura la publicación ' Down Jones Newswire'.

Apple tiene que hacer frente a una multa de 400.000 euros por no dar a los clientes "información adecuada sobre la duración de la garantía de los productos", según el regulador antimonopolio, y a otra de 500.000 euros por no proporcionar información completa sobre el Plan de Protección AppleCare, el servicio de Apple que detalla qué daños cubre la asistencia técnica de la compañía.

Por su parte, Apple no ha querido hacer comentarios al respecto.

La Comisión europea investigó a Apple

Pero la Autoridad Antimonopolio de Italia no ha sido la única que ha investigado a Apple este año. El pasado mes de noviembre, la propia Comisión Europea (CE) investigó a la compañía de la manzana, junto con Samsung, para comprobar si ambas compañías habían violado normas antimonopolio de la Unión Europea.

Esta investigación surge a raíz de las constantes acusaciones por violación de patentes de ambas compañías. Con la investigación de la CE, esta quería recabar información tanto a la compañía estadounidense como a la surcoreana sobre la ejecución de patentes esenciales de estándares en el sector de la telefonía móvil.

Según confirmó la propia comisión se trataba de un procedimiento habitual "para permitir establecer los hechos relevantes en un caso". La Comisión puede multar a una empresa con hasta el 10 por ciento de su facturación si determina que ha violado las normas comunitarias.