"Me reconozco culpable", admitió el jubilado de 73 años, sólo dos días después de haber rechazado su responsabilidad en los dos delitos más graves que se le imputan: asesinato y esclavitud.
El primero se refiere a su presunta implicación en la muerte en 1996 de uno de los siete niños que procreó con su hija y del que, según Elisabeth, ignoró los graves problemas respiratorios que padecía el recién nacido.
Ante las preguntas de la magistrada Andrea Humer, que dirige el caso, Fritzl reconoció que tendría que "haberse dado cuenta de que el bebé estaba mal".
"No sé por qué no lo ayudé. Tenía la esperanza de que aguantara", confesó Fritzl. "Tenía que haber hecho algo", resumió el acusado, quien asumió también su responsabilidad en los delitos de esclavitud, coacción grave y violación, de los que el pasado lunes se declaró no culpable o parcialmente culpable. Los de privación de libertad e incesto sí los había admitido.
La reacción de Frizl fue inesperada para todos. Su abogado Rudolf Mayer reconoció estar "sorprendido" y sobre cuándo Fritzl cambió de opinión indicó que "no sé decirlo".
El letrado de la defensa sí conjeturó cuál puede haber sido el detonante de ese cambio de actitud: el testimonio de Elisabeth grabado en vídeo, que fue presentado ayer al jurado.
Un testimonio que en apenas once horas concentró sus 8.461 días de cautiverio, las violaciones, los siete hijos que dio a luz en el sótano y su vida en un habitáculo de apenas 60 metros cuadrados, sin ventilación ni luz natural.
Mayer indicó que tras el visionado del vídeo Mayer solicitó la atención de un psiquiatra tras lo que el abogado definió como una fuerte "experiencia emocional". Mayer dio por hecho que el visionado del vídeo dejó a su cliente "conmocionado".
El letrado indicó que Fritzl se enfrentó este martes por primera vez con el testimonio incriminatorio de su hija, algo que, dijo "podría haber provocado en él esa conmoción" y el cambio de actitud.
Sobre las especulaciones de que alguna de las víctimas hubiera estado este martes en la sala, Mayer se negó a comentar "rumores", aunque indicó que "en el caso de que víctimas hubieran estado presentes, habría tenido seguro un fuerte efecto".
Tras su confesión, Fritzl permaneció en el banquillo de los acusados mientras escuchaba con los ojos cerrados el testimonio de la psiquiatra Adelheid Kastner sobre la condición mental del acusado.
La experta se retrotrajo a los malos tratos que Fritzl recibió de niño por parte de su madre para explicar la "alteración de la personalidad" que padece.
Una alteración manifestada en una inhibición de su capacidad de sentir y en una "gigantesca necesidad de poder".
Con el tiempo, ese ansia de poder se fue desarrollando en "fantasías" y el acusado se fue convenciendo de que "no sería tan malo" cumplirlas. "Uno se corrompe así mismo", explicó Kastner.
Así, hasta que Fritzl liberó sus deseos de "poseer a una persona para él sólo" y "gozar sin límite de sus necesidades sexuales". Y todo con una víctima elegida de forma premeditada: su hija
Elisabeth tenía entonces 18 años y actitud rebelde que la convirtió en un "desafío". "Cuanto más fuerte es el rival, mayor es la victoria", explicó la autora del peritaje psicológico.
Fritzl quería establecer con su hija unos vínculos que no pudiera romper, algo que explica, en parte, que procreara hijos con ella.
Aún así, Fritzl, según el peritaje psiquiátrico, acumuló sentimientos de culpa durante el tiempo que mantuvo a Elisabeth y sus hijos encerrados.
Por todo ello, la doctora recomendó, en caso de un veredicto de culpabilidad y una vez cumplida la condena, su ingreso en una institución para delincuentes con alteraciones mentales al considerar que existe el riesgo de que reincida.
Con el testimonio de la psiquiatra y la lectura de dos informes técnicos sobre la ventilación y el sistema de apertura del zulo, la jueza dio por concluida la fase de "presentación de pruebas" y envió al jurado a deliberar para que mañana conteste al cuestionario del que saldrá la declaración de inocencia o culpabilidad.
En función del veredicto, los ocho miembros del jurado popular y los tres jueces profesionales que dirigen el proceso, decidirán la sentencia que se impone al acusado, que puede ir desde un año de cárcel a cadena perpetua.