La reforma resuelve los principales puntos de desencuentro entre patronal y sindicatos, como son la ultraactividad o renovación automática de los convenios y los mecanismos de solución de conflictos, la flexibilidad interna y la estructura de la negociación colectiva.
Así, el texto garantiza que los convenios no decaerán cuando no haya acuerdo para su renovación, como pedía la CEOE, y establece una horquilla de entre 12 y 18 meses como plazo máximo para las negociaciones antes de que, en caso de no haber acuerdo, entren en funcionamientos mecanismos de mediación y arbitraje.
Además, mandata que sean los agentes sociales los que acuerden como contenidos mínimos de los convenios estos sistemas de solución extrajudicial de los conflictos, y da mayor peso a las comisiones paritarias como herramienta para interpretar los convenios colectivos en caso de discrepancias, con carácter previo al planteamiento formal del conflicto en los órganos de mediación y arbitraje.
Por otro lado, la reforma establece que los convenios de empresa podrán prevalecer sobre los sectoriales provinciales en algunos aspectos relacionados con la flexibilidad interna. Así, según el borrador remitido por el Gobierno a los agentes sociales, el empresario podrá disponer con carácter general del 5% de la jornada de trabajo anual para distribuirla de manera irregular, salvo pacto en contra con los representantes de los trabajadores.
Abierto a seguir negociando
Con todo, el ministro de Trabajo no ha dado por cerrada la reforma, pues ha emplazado a los sindicatos y empresarios a seguir negociando en materia de flexibilidad interna, a fin de aprovechar el proceso de enmiendas y poder amoldar los cambios introducidos por el Gobierno.
Sin apoyo de sindicatos y empresarios
Ni la CEOE ni las centrales han ocultado su decepción con el borrador presentado por Trabajo para cambiar los convenios. Si el líder de la patronal, Juan Rosell, decía que el primer boceto del Gobierno estaba "desequilibrado" hacia los postulados de los sindicatos, éstos se han apresurado a desvincularse del contenido de la reforma.
Para Rosell, la propuesta del Gobierno se aleja "bastante" de la postura mínima con la que la patronal estaba dispuesta a transigir en las negociaciones y advirtió de que ahora no comparte "ni la música ni la letra" de la reforma.
Esta misma consideración es la que ha llevado a los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz, y Toni Ferrer, a negar con rotundidad que la reforma será "responsabilidad" del Ejecutivo. "No estamos vinculados con la propuesta del Gobierno", sentenció Ferrer.