La demanda insta al Tribunal del Distrito de Washington Oeste a declarar "inconstitucionales" puntos clave de la orden ejecutiva y aspira a paralizar la aplicación de la orden, informa la prensa de Seattle.
Ferguson ha comparecido en rueda de prensa para dar los detalles sobre la demanda y ha revelado que cuenta con declaraciones de apoyo de empresas como Expedia o Amazon que aportarán una evaluación de las consecuencias económicas de la orden ejecutiva de Trump.
Junto a Ferguson ha comparecido el gobernador de Washington, Jay Inslee: "Su impacto, su crueldad,... Su objetivo evidente es un examen religioso inconstitucional".
DECLARACIÓN DE 15 FISCALES
Ferguson ha evidenciado su oposición a la orden ejecutiva con su adhesión a una declaración de 15 fiscales generales estatales más publicada este domingo en la que denuncian que la orden de Trump es "inconstitucional, antiestadounidense e ilegal".
"Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump", señalan los fiscales firmantes, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania.
Los fiscales aseguran que van a "trabajar juntos para garantizar que el Gobierno federal obedece la Constitución, respeta nuestra historia como nación de inmigrantes y no ataca ilegalmente a nadie por su país de origen o su religión". Así, defienden que la "libertad religiosa ha sido y siempre será el principio fundacional de nuestro país y ningún presidente puede cambiar esa verdad".
La declaración "aplaude" la decisión de varios tribunales federales que han paralizado la aplicación de la orden ejecutiva y anuncian que utilizarán "todas las herramientas de nuestros cargos para combatir esta orden inconstitucional".
"Confiamos en que la orden ejecutiva será en última instancia derogada por los tribunales. Mientras, vamos a trabajar para garantizar que la menor cantidad de personas posible sufra la caótica situación que ha creado", concluye el texto.
El decreto presidencial suspende durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados. Además, fija en 50.000 el máximo de refugiados que acogerá el país en 2017, menos de la mitad de los 117.000 acogidos el año anterior.