En su comunicado, el Gobierno ha rechazado el informe publicado durante la jornada por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), según el cual el asalto se habría saldado con 155 muertos, entre ellos 15 menores de edad.
Así, Uganda ha cargado contra la ONG, afirmando que el informe "carece de profundidad, especialmente en lo respectivo a los antecedentes, que casi llevaron a la subregión de Rwenzururu a la anarquía".
"Omite deliberadamente los incidentes que llevaron a las fuerzas de seguridad a responder, no sólo para defenderse, sino también para mantener la ley y el orden", ha recalcado.
Horas antes, HRW aseguró "haber encontrado pruebas, entre ellas relatos de fuentes confidenciales y personal médico que presenciaron los sucesos, de que los oficiales de seguridad han rebajado el número de muertos y han eliminado las pruebas sobre la muerte de niños".
El rey de Rwenzururu fue detenido en su palacio tras el asalto, llevado a cabo después de un ataque contra un puesto de control de la Policía presuntamente llevado a cabo por sus guardias, si bien Mumbere ha negado cualquier relación con lo ocurrido.
Tras los incidentes, el portavoz de la Policía ugandesa, Andrew Felix Kaweesi, denunció que los milicianos querían crear una nueva república en la frontera con República Democrática del Congo.
Por su parte, el líder opositor Kizza Besigye condenó los enfrentamientos y apuntó a un posible genocidio en Kasese, la localidad que fue epicentro de los enfrentamientos.
La comunidad tribal que lidera el rey, los bakonzo, lleva años enfrentada en la región a los miembros de la comunidad toro.
Los enfrentamientos entre miembros de las dos comunidades terminaron en 1982 con un acuerdo para una mayor autonomía local y el presidente del país, Yoweri Museveni, reconoció el reino oficialmente en 2009 aunque las tensiones han continuado.
Entre febrero y marzo de 2016, más de 50 personas murieron en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y rebeldes en la misma región.