La violencia ha ido en aumento en el que es el país más joven de África desde julio de 2016, cuando se retomaron los combates entre las fuerzas leales al presidente, Salva Kiir, y los combatientes leales al exvicepresidente y líder rebelde, Riek Machar.
"La UE hace un llamamiento a todas las partes a deponer las armas y a dar pasos decisivos para parar la violencia", han reclamado los Veintiocho en unas conclusiones que han adoptado sobre Sudán del Sur en las que apelan a "todas las partes" para participar en "un proceso político incluyente" para resolver la crisis.
Los Veintiocho admiten "profunda" preocupación por la situación del país africano, que está "al borde del abismo" y catástrofe quizá "inminente" según el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, mientras que el asesor especial de la ONU para la prevención del genocidio, el jurista senegalés Adama Dieng, que ha alertado del "potencial de genocidio" en el país.
"Sudán del Sur está en riesgo de una completa fragmentación", han alertado los Veintiocho, que han denunciado el aumento en la intensidad de los combates y los "atroces" actos de violencia en el país, incluidos la violación sexual y reclutamiento de menores y los ataques contra escuelas, hospitales y personal humanitario.
Los Veintiocho han dejado claro que la UE seguirá aplicando su propio embargo de armas a Sudán del Sur y han instado al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer un embargo de armas a nivel internacional, al tiempo que han reiterado que siguen dispuestos a "imponer más medidas restrictivas autónomas contra cualquier invididuo que obstruya el proceso de paz", impidan a la misión de la ONU a realizar su labor o la labor humanitaria o "cometan atrocidades contra los civiles".
Al margen de la crisis política, la situación humanitaria en el país es crítica. Unos seis millones de personas necesitan ayuda urgente, casi un millón y medio de personas han huido a países vecinos y otros casi dos millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares en el interior del país, mientras que 67 trabajadores humanitarios han muerto desde el inicio del conflicto en diciembre de 2013 en Sudán del Sur.
Los Veintiocho han instado al Gobierno de transición sursudanés a cumplir "su obligación" de proteger a la población civil y han reclamado el "rápido" despliegue de la fuerza regional de protección autorizada por la ONU sobre el terreno.