Los Gobiernos han dado luz verde este miércoles a los textos jurídicos para imponer "un embargo de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna y equipos informáticos de vigilancia" de la población, así como al "régimen jurídico" que permitiría imponer sanciones a dirigentes individuales en Venezuela en caso necesario, según las fuentes consultadas.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobarán formalmente sin discusión previa el lunes 13 de noviembre en su reunión en Bruselas la base jurídica para poder sancionar a dirigentes venezolanos y al embargo de armas y de equipos para la represión interna y vigilar las comunicaciones personales, según han precisado varias fuentes europeas y diplomáticas.
La base jurídica permitiría a los Veintiocho, según han precisado fuentes diplomáticas, avanzar "rápidamente" en sanciones concretas "en función de la evolución", aunque "por el momento" no se trabajará en una lista concreta de nombres, han precisado las fuentes.
Los Gobiernos europeos dejarán claro el lunes que las sanciones son "un instrumento" para "forzar negociaciones significativas" entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la oposición.
Los Veintiocho también volverán a reclamar a Caracas un calendario electoral "completo" y garantizar "el acceso humanitario" para poder suministrar ayuda para la población.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE respaldaron en su reunión de octubre en Luxemburgo "avanzar" en la preparación de sanciones "selectivas, graduales y reversibles" por la falta de avances sobre el terreno tras la celebración de las elecciones regionales en Venezuela.
España ha sido el país que más ha empujado a favor de avanzar en sanciones individuales a responsables de la crisis en Venezuela, mientras que los más recelosos han sido Grecia y Portugal. Francia también rechazó esta posibilidad en agosto, para tratar de primar la vía de la mediación, aunque desde entonces ha cambiado de opinión.