La nueva orden europea de investigación en materia penal responde a la necesidad de un marco armonizado para la obtención de pruebas, en un contexto hasta ahora "demasiado fragmentado y complicado".
Para ello se apoya en el reconocimiento mutuo que obliga a los Estados miembros a "reconocer y ejecutar" la solicitud de otro país como si la petición llegara de sus propias autoridades.
La nueva euroorden permite el traslado temporal de detenidos con el fin de reunir pruebas, la consulta de las cuentas bancarias y las operaciones financieras de los sospechosos o acusados, las investigaciones encubiertas y la interceptación de telecomunicaciones, así como medidas de protección de pruebas.
En la práctica permitirá, por ejemplo, que si se investiga a presuntos terroristas escondidos en otro Estado miembro, los investigadores de un país puedan pedir a las autoridades de ese Estado miembro que interroguen sospechosos o realicen registros en su nombre.
Así, fija plazos estrictos para cursar las peticiones de colaboración, de modo que se deberá responder en un máximo de 30 días si se acepta o no la solicitud de pruebas y llevarla a la práctica en un plazo de 90 días.
Además de reducir la burocracia con la creación de un formulario único, en la lengua oficial del Estado ejecutor, la norma restringe los motivos para rechazar una determinada solicitud. Entre las razones para negar una euroorden de investigación se contempla que sea un riesgo para los principios fundamentales del Derecho del país o de su seguridad nacional.
También se deberán evaluar la necesidad y proporcionalidad de la medida de investigación solicitada, para proteger los derechos fundamentales de la defensa.
El acuerdo de los Veintiocho para simplificar el trabajo de las autoridades judiciales en procedimientos transfronterizos llegó en 2014 y los Estados miembros han tenido hasta ahora para trasladar a sus legislaciones nacionales las nuevas reglas que entran en vigor este lunes.
"Los criminales no conocen fronteras, esta orden europea ayudará a las autoridades judiciales a cooperar con eficacia para luchar contra el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas y la corrupción", ha celebrado la comisaria de Justicia, Vera Jourova.
Bruselas ha aprovechado la entrada en vigor de la nueva regla para instar a los Estados miembros a cumplir con las exigencias de la misma "lo antes posible".
Además ha adelantado que prepara una propuesta que presentará el próximo mes de junio "soluciones para facilitar la recogida e intercambio de pruebas electrónicas".