En concreto, el gasto en seguridad y orden público incluye el dinero que los Estados miembros dedican a los servicios policiales, los servicios para la protección de incendios, los tribunales de justicia y las prisiones.
Así, los mayores gastos en esta partida con respecto al PIB nacional fueron hace dos años los de Bulgaria (2,8%), Eslovaquia (2,4%), Rumanía (2,3%) y Croacia y Polonia (ambos un 2,2%).
Por el contrario, los socios comunitarios que menos parte de su PIB dedicaron a seguridad y orden público fueron Dinamarca y Luxemburgo (los dos un 1%, respectivamente), Irlanda (1,1%), Malta y Finlandia (1,2%), Suecia (1,3%) y Austria (1,4%).
España, por su parte, se situó dos décimas por encima de la media comunitaria, con un gasto en seguridad y orden público equivalente al 2% del PIB en 2015.
Sin embargo, los países con un mayor gasto en seguridad interior por habitante fueron Luxemburgo (899 euros), Reino Unido (792 euros), Países Bajos (724 euros), Bélgica (644 euros) e Irlanda (598 euros).
Al contrario, los que menos dinero destinaron a esta partida por habitante fueron Bulgaria (173 euros), Rumanía (183 euros), Lituania (204 euros), Hungría (230 euros) y Croacia (231 euros).