Las operaciones tenían como objetivo acabar con "la estructura financiera" de la red que lidera el clérigo opositor Fetulá Gulen, al que Ankara acusa de orquestar la asonada militar. El Gobierno turco ha pedido en reiteradas ocasiones a Estados Unidos que extradite a Gulen, que se encuentra en el país desde 1999, sin éxito.
A raíz del intento de golpe de Estado, más de 50.000 personas han sido encarceladas a la espera de juicio y alrededor de 150.000 han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de empleo.