Los diamantes exportados por estas dos entidades fueron exportados y, por tanto, "objeto de explotación ilícita que infringe la prohibición de exportación establecida en el 'Proceso de Kimberley'", sistema de certificación de diamantes en bruto para asegurar que su comercialización no alimenta conflictos en los países de origen.
La sentencia añade que al seguir comprando diamantes a los coleccionistas cuando el país entró en conflicto, estas dos firmas "necesariamente prestaron apoyo a los grupos armados".
Además, el Tribunal General considera que las acusaciones de apoyo a las fuerzas de los antiguos Seleka mediante pagos en concepto de seguridad y tasas de aterrizaje están suficientemente acreditadas por las pruebas aportadas.