El Tribunal Supremo de Lagos ha indicado que los terrenos ocupados por los denunciantes en el barrio de Otodogbame "está bajo control y gestión del gobernador del estado", agregando que "nunca tuvieron propiedad de los mismos, pero se asentaron en ellos durante años".
"Es incorrecto desalojarles por la fuerza de unos terrenos en los que han estado desde hace años", ha defendido, según ha informado el diario nigeriano 'Premium Times'.
En este sentido, ha recalcado que "el fracaso de las autoridades a la hora de dar un alojamiento alternativo antes de iniciar los desalojos forzosos de los denunciantes es inconstitucional".
"Se ordena a las partes que lleven a cabo consultas adecuadas sobre cómo resolver la reubicación de los denunciantes", ha dicho, añadiendo que "las autoridades deben evitar nuevos desalojos si no hay una localización alternativa viable".
Las autoridades desalojaron en noviembre de 2016 a más de 30.000 residentes de los barrios de Otodogbame, Ilubirin y Ebute Ikate, todos ellos ubicados en las orillas de una laguna de Lagos.
La Alcaldía de Lagos defendió su decisión de demoler estos barrios, principalmente chabolistas, citando motivos de "seguridad pública".