La Cámara de Instrucción Número 2 del TPI ha concluido que Sudáfrica "no cumplió con la petición de la corte de arrestar y entregar a Al Bashir", acusado de genocidio y crímenes contra la Humanidad por los abusos cometidos contra diversos grupos étnicos en la provincia de Darfur entre 2003 y 2008.
A pesar de que supone un incumplimiento de los compromisos adquiridos bajo el Estatuto de Roma, los magistrados consideran que referir el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es una forma "eficaz" de "obtener cooperación" por parte de Sudáfrica, según un comunicado. Asimismo, han recordado que la Justicia sudafricana ya cuestionó la decisión del Gobierno.