La decisión implica que los fiscales examinarán en detalle la ola de violencia desatada en abril de 2015, cuando el presidente Pierre Nkurunziza decidió presentarse de nuevo a las elecciones. Al menos 1.200 personas perdieron la vida en esta violencia, que también provocó "cientos" de desaparecidos y "miles" de detenidos en situación ilegal, así como más de 400.000 desplazados.
Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía del TPI, los jueces de la Cámara III de instrucción ven indicios suficientes para investigar numerosos abusos que habrían sido cometidos en los últimos dos años en Burundi, entre ellos asesinatos, detenciones, torturas, violaciones, desapariciones forzosas y persecución, según un comunicado del tribunal.
Las pesquisas se circunscribirán en principio al periodo transcurrido entre el 26 de abril de 2015 y el 26 de octubre de 2017, un día antes de que Burundi abandonase formalmente el TPI. Sin embargo, los jueces no descartan que se puedan ampliar el plazo.
También han argumentado el derecho del tribunal de La Haya de analizar los posibles delitos cometidos en Burundi aunque ya no sea Estado miembro, al considerar que sí lo era cuando se cometieron los abusos que ahora se investigan. En este sentido, ha recordado al país africano que tiene la "obligación" de colaborar.